La patronal ve en riesgo el 90% del alquiler vacacional de Canarias

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) reclama al Gobierno regional que respete a los propietarios que explotan actualmente viviendas vacacionales en Canarias, ya que el anteproyecto de ley propuesto por el Ejecutivo «lesiona» derechos adquiridos y situaciones consolidadas. La patronal de Las Palmas exige cambiar radicalmente el régimen transitorio impuesto por el Gobierno, en el que ve visos de inconstitucionalidad porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional consagra como principio «la irretroactividad de las normas en la medida en que su aplicación pueda afectar a derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto». Las alegaciones presentadas por la CCE advierten de que el texto no solo supone un cambio radical a futuro para el sector del alquiler vacacional, sino que también entra a modificar el estatus de las viviendas que están funcionando apoyadas en el Decreto 113/2015, que es la norma que las regula hasta que entre en vigor la nueva ley.

«La nueva regulación propuesta debe respetar y garantizar que pueda seguir desarrollándose la actividad económica del alquiler vacacional en aquellos casos en que la misma se presenta como una actividad empresarial concebida, proyectada, ejecutada y desarrollada al amparo del marco normativo actualmente vigente (Decreto 113/2015) y no como un nuevo uso, con unas limitaciones temporales de actividad que generarán derechos indemnizatorios difícilmente cuantificables», advierte la patronal.

La organización empresarial pretende que se supriman o limiten algunos de los requisitos técnicos que exige el Gobierno para los nuevos pisos turísticos pero también para los que ya están en el mercado, a los que se les da una prórroga de entre cinco y 10 años para adaptarse, lo que genera más inseguridad jurídica en el sector. La CCE cuestiona unos «requisitos tan exigentes» como que las viviendas tengan una calificación energética mínima de clase C e incluso B si las edificaciones son posteriores a 2007, cuando buena parte de las viviendas en Canarias poseen certificados aún con clasificación G. Se trata pues de un «factor limitante» que, según los empresarios, «se convierte en una prohibición de facto de la actividad para más del 90% de las viviendas».

Las críticas a estas disposiciones van más allá y comparan la normativa europea con la que se pretende aplicar por la Comunidad Autónoma. La cuestión es que los criterios normativos de la UE, pese a ser restrictivos, siguen siendo más laxos que los requisitos que pretende aplicar el Ejecutivo regional en las Islas. Ante unas exigencias «prácticamente imposibles de cumplir», la CCE propone que la calificación energética no sea tomada en cuenta.

Energías renovables

Lo mismo sucede con la exigencia de placas solares o instalaciones alternativas de energías renovables. En un caso y en otro se propone eliminar el requisito alternativo y siempre que sea viable técnicamente. También se demanda suprimir la condición de que las casas cuenten con una toma de corriente homologada para vehículos eléctricos o que la haya en un radio de 500 metros. Otra exigencia que se pone en cuestión es que las casas que están en explotación tengan obligatoriamente que cumplir la normativa sobre accesibilidad. Para los empresarios puede resultar imposible aplicar esta normativa en inmuebles construidos antes de la entrada en vigor de estas prescripciones y su adaptación puede suponer unos costes difíciles de cumplir.

En consonancia con las alegaciones de otras organizaciones sectoriales, como las de los constructores y las empresas de gestión inmobiliaria, para la patronal de Las Palmas el anteproyecto de ley del alquiler vacacional en su redacción actual «implica una moratoria de facto sobre la actividad económica asociada al alquiler de viviendas de uso turístico, pues impide su desarrollo hasta tanto en cuanto no se disponga de instrumentos de ordenación municipal adaptados, al tiempo que contempla además exigencias técnicas difíciles de cumplir que impedirá el desarrollo de la actividad», se recoge en el documento de alegaciones.

Además de inseguridad jurídica, la CCE considera que algunos de los preceptos de la ley van en contra de la necesidad de simplificación de los procedimientos administrativos. En este sentido, se considera «excesivo» que se requiera «la elaboración de estudios y análisis previos que pretendan acreditar que no se pone en riesgo la protección del entorno urbano ni del medio rural, del medio ambiente, del patrimonio cultural y de las formas de vida tradicionales, urbanas y rurales».

Participación

En el marco de las alegaciones presentadas al anteproyecto de ley, la CCE también se queja de los impedimentos que existen en la participación de la organización empresarial en los procesos legislativos del Ejecutivo. «La realidad es que las organizaciones empresariales más representativas estamos encontrando cada vez una menor posibilidad de participación, pues los modelos de tramitación utilizados suponen una huida de esa participación», advierte la patronal, que lamenta que «la Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias no haya conferido a la Confederación Canaria de Empresarios un trámite diferenciado en aquellas materias que guardan relación con nuestros fines, atendiendo a la condición de la CCE de organización más representativa en el ámbito empresarial».

La CCE integra en su documento de alegaciones los principales argumentos de las sectoriales que forman parte de la organización empresarial y que también han presentado sus propuestas a Turismo. Entre ellas las de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), que también rechaza la prórroga de cinco y diez años que se impone a las viviendas en explotación.

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